Incertidumbre en firmas constructoras por recursos legales contra Tren Maya

© borphy/istockphoto.com

Los recursos legales que pueblos originarios han obtenido contra el Tren Maya, la obra prioritaria del Gobierno mexicano para el sureste del país, causan incertidumbre para las empresas constructoras.

Las dudas han arreciado tras confirmarse esta semana la suspensión provisional de nuevas obras del Tren Maya en el estado de Yucatán. Pueblos originarios de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal promueven un amparo.

El freno temporal afecta al tramo 3, cuya licitación ganó un consorcio integrado por la española AZVI y las mexicanas Construcciones Urales y Gami Ingeniería e Instalaciones por unos US$509,6 millones.

Además, la consultora española de ingeniería UG21 anunció en julio pasado que ganó un contrato para la supervisión técnica y verificación de calidad de la construcción de la plataforma y vía del Tren Maya desde Calkiní, Campeche a Izamal, lo que también corresponde al tramo 3.

En el contrato de US$11,1 millones también participan las firmas Coniisa e Ipimsa, filial de Prointec (Grupo Indra).

Apuros en otros tramos

El tramo 4, de Izamal a Cancún, incluye dos estaciones en Yucatán, las de Chichen Itzá y Valladolid, por lo que el freno también podría afectar las obras nuevas del Grupo ICA, a quien se le adjudicó un contrato por US$1,350 millones.

El Tren Maya, una de las obras prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador, con una inversión de 6.294 millones de dólares, recorrerá cerca de 1.554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pero desde antes del arranque de las obras, en junio pasado, organizaciones civiles han presentado recursos legales contra su construcción. Por ejemplo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Kanan Derechos Humanos y Múuch’ Xiinbal, responsables del amparo en Yucatán.

Por ahora, solo afecta a obras nuevas de Yucatán. Sin embargo, en diciembre comunidades originarias también obtuvieron un recurso legal para frenar construcciones del segundo tramo, que va de Escárcega a Calkiní, en Campeche.

El tramo 2 se adjudicó el pasado 30 de abril al consorcio liderado por la mexicana CICSA y la española FCC, ambas controladas por el magnate Carlos Slim, por una oferta económica de US$927,7 millones.

Pase lo que pase

Pese a estos recursos legales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) argumentó que no hay «ninguna suspensión al Tren Maya» confirmada.

El director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, manifestó que el Tren Maya terminará este 2021 con un avance del 30% «a como dé lugar».

También descartó afectaciones en otros tramos por estos amparos. «No nos ha afectado porque mientras tengamos 1,500 kilómetros de trabajos y esto no esté generalizado sí ha sido muy puntual», sostuvo.

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